martes, 20 de febrero de 2018

“Me abochorna que España siga siendo Torrente”.


Después de haber estado un tiempo alejado de los medios por una hernia inguinal, Santiago Segura, actor, director, guionista y productor, fue el pasado domingo al programa de Risto Mejide, El Chester, de la Cuatro. Y como no podía ser de otra forma, el cineasta habló de su personaje más famoso: Torrente. “Cuando hice la película –dijo Segura– fue para retratar la España cañí y retrógada, la que al mismo tiempo me hacía gracia y me daba vergüenza ajena”. El programa emitió un pequeño fragmento de vídeo. Tras verlo, Segura explicó que “hace gracia por lo gañán que es el tipo”, y reconoció que, al ver a su personaje, “sientes que has visto a alguien así. Un taxista, tu cuñado, un vecino, tú mismo en algunas cosas... tenemos pensamientos que a nosotros mismos nos avergüenzan…. La verdad es que antes me parecía muy gracioso, porque pensaba que era una cosa extinta, y de repente miro para atrás y digo: no, es que está muy vigente. España sigue siendo Torrente, y eso me abochorna”.

El actor y director opinó similar sobre el fumar: “Entiendo que mi padre fume, porque en el cine los tíos duros fumaban. Pero es que ahora en la cajetilla pone 'Fumar mata', entonces si tienes 15 años y fumas, perdóname, eres gilipollas. Es el momento de que ciertas cosas cambien de verdad”. Risto quiso darle la vuelta, y decirle que igualmente a él alguien de 20 años podría echarle la culpa por ver sus películas, pero el entrevistado no aceptó esa responsabilidad: “Yo no soy profesor ni pedagogo, soy cineasta y sólo quería entretenerte. Cuando me dieron el Goya a director novel dije: 'Niños, cuando crezcáis no seáis Torrente'. La gente se reía, pero yo lo decía totalmente en serio. Que es una puta película”…

Explicó que a él le sorprendía esa actitud, y recordó que su personaje es “como Homer Simpson, para reírse. Pero ¿tú quieres que se case con tu hija? No. ¿O quieres que Homer Simpson sea tu vecino? Es un peligro con patas, pero es divertido”. Santiago Segura insistió en que “mucha gente me ha dado el coñazo muchos años con que era una apología de todo lo que estaba criticando, dejando, claro, que la crítica es una cosa y la apología otra. Pero, al final dices: yo no quiero enseñarte, ni educarte. Yo no soy un educador. Tú vas a ver la película, y luego que te lo explique tu puta madre, con perdón”… Segura reconoció que llegó a no comprarse un descapotable por el qué dirían sobre él, y achacó esta visión a su preocupación por la destrucción de la clase media durante la crisis: “No soporto que haya gente a mi alrededor pasándolo mal. No soporto que haya un camarero que me esté sirviendo y el hombre no llegue a fin de mes”.

domingo, 18 de febrero de 2018

Villar Mir y su yerno, López Madrid, en los casos de corrupción del PP.

      El periodista José María García, en Salvados.

José María García niega que Villar Mir sea el empresario que le reconoció pagos de mordidas.

El periodista, José María García, negaba este lunes ante el juez, Manuel García Castellón, que se refiriera al constructor, Juan Miguel Villar Mir en la entrevista al programa Salvados emitida la noche del domingo. A la salida del juzgado, el comunicador aseguraba que no tenía constancia de que fuera Villar Mir la persona a la que se refirió. “Sigo diciendo lo que dije ayer: hace años, mantuve una conversación con un empresario que desempeñó cargos políticos importantes y que me había dicho lo que dije. No di ningún nombre y la deducción de Villar Mir era de Jordi Évole”, dijo García al término de su declaración. José María García había declarado en el programa de Jordi Évole que un exministro, dueño de una constructora, le había confesado que llevaba años pagando al “partido” porque “para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja”.  Ante esa simple confesión, Évole le había preguntado si se estaba refiriendo a Villar Mir, antiguo ministro de la UCD. García contestó, afirmando: “Empieza por V y acaba por R”. Ahora, García aseguraba que con esta expresión se refería a que esas letras encajaban en el nombre que dio Évole. Ante la insistencia de los medios, García había añadido: “Fue una deducción de Jordi Évole, pero hay un hecho claro y yo no tengo por qué perjudicar a nadie. Si tuviera la constancia de que era el señor Villar Mir, yo no iba a decir que no fuera él.  No tengo ninguna prueba de que lo fuera. Sólo mi constatación de que hablé con ese constructor, pero sería mi palabra contra la de él”. El periodista deportivo fue interrogado acerca del hecho de que solo un exministro estaba al frente de una gran constructora y, al mismo tiempo, estaba imputado en las tres causas en las que se investigaba la financiación irregular del PP. A esa pregunta, García contestó: “Vamos a ver cómo se desarrollan las causas”. Explicó que la conversación tuvo lugar hace años porque “se había producido un hecho muy significativo en el que había alguna incidencia deportiva”. Al preguntársele si ese empresario, caso de Villar Mir, se había presentado a las elecciones de un equipo de Primera División, García respondió: “Agua”.

       El empresario Juan Miguel Villar Mir.

En todos los casos de corrupción que afectan al PP, en Madrid, siempre aparecen dos nombres: el de constructor, Villar Mir y el de su yerno, López Madrid. Pero ¿quién es Villar Mir y su yerno, López Madrid, ambos imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón? Juan Miguel Villar Mir (nacido en Madrid, 30 de septiembre de 1931) es un empresario y abogado español, fundador del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, desempeñó durante la Transición los cargos de vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y de ministro de Hacienda. Ostenta el título nobiliario de marqués de Villar Mir.​ En 1987, adquiere a Altos Hornos de Vizcaya, la constructora Obrascón, por la cantidad de una peseta​ que, finalmente, en 1999, se convertiría en la actual OHL. También crea el Grupo Villar Mir que agrupa diferentes empresas energéticas (Villar Mir Energía, que ha adquirido Céntrica Energía​), siderometalúrgicas (Ferroatlántica), de fertilizantes (Fertiberia) y de construcción (Grupo OHL y Pacadar). En abril de 2017, el juez Eloy Velasco,  titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, requirió información acerca de una lista de 60 personas entre las que figuraban Eduardo Zaplana y Villar Mir por su presunta vinculación en la Operación Lezo. Posteriormente, el 16 de mayo, Villar Mir pasó a ser investigado en dicha trama de corrupción. El 6 de febrero de 2018 declaró como investigado en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por las obras en el tren de Navalcarnero.​ Posteriormente, el juez volvió a citarle para el 21 de marzo de 2018.

       El consejero, Javier López Madrid, yerno de Juan Villar Mir.

     Javier López Madrid (Madrid, 1964) es abogado y licenciado en ciencias económicas y empresariales por ICADE y MBA y ostenta el cargo de consejero delegado del Grupo Villar Mir, miembro del consejo de administración de Fertiberia, consejero de Inmobiliaria Espacio, vicepresidente y consejero delegado de Grupo Ferroatlántica, presidente de Tressis, fundador y presidente del holding inversor Siacapital y miembro del World Economic Forum. En 1990, se casó con Silvia Villar Mir, única hija de Juan Miguel Villar Mir y entró en OHL, empresa del Grupo Villar Mir. En 2008, fue nombrado consejero de Caja Madrid a propuesta de la Confederación de Empresarial de Madrid y se vio salpicado por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Durante su etapa como consejero y posteriormente de Bankia, fue criticado por conceder créditos a empresas relacionadas con él en condiciones ventajosas. Al Grupo Villar Mir, se le concedieron 344 millones de euros a pagar en 16 meses al 0% de interés. En marzo de 2015, López Madrid fue imputado por un caso de presunto acoso sexual, amenazas y agresión a una dermatóloga. La causa fue sobreseída en febrero de 2016 y archivada un mes después, luego de que un Juzgado de Instrucción de Madrid no apreciase indicios suficientes para acreditarlo y considerase “contradictorio” el testimonio de la mujer. Pero, en abril de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la investigación contra el empresario por acoso a la dermatóloga, cuestionando la investigación policial donde se afirmaba que ella misma se había inventado los hechos y se habría apuñalado a sí misma en plena calle y en presencia de su hijo. López Madrid es imputado y llamado a declarar el 26 de julio de 2017. Un año después se desveló que López Madrid, después de destaparse el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, recibía mensajes de apoyo de la reina consorte de España, Letizia Ortiz, con quien había coincidido en actividades comunes. El investigado intentó borrar los mensajes de su teléfono móvil, pero la Guardia Civil consiguió recuperarlos por orden de la jueza​. La Casa Real tuvo que publicar un comunicado en el que aseguraba que los Reyes habían roto su relación con el empresario una semana después de conocerse el mensaje. Por otro lado, López Madrid también se ha visto envuelto en las investigaciones sobre la red de corrupción denominada “Operación Púnica”. El 21 de abril de 2017 el juez Eloy Velasco decretó la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Javier en el marco de la Operación Lezo. ​Y, el​ 17 de noviembre de 2017, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional decretaba la apertura de juicio oral a más de 30 ex consejeros de Bankia, entre ellos Javier López Madrid, por la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011. El 18 de diciembre de 2017 el empresario compareció en calidad de testigo, junto a Ignacio González y Eduardo Zaplana, en el Juzgado Central de Instrucción 5 para ser interrogado acerca de unas grabaciones del caso Lezo.


     En sus años de colegio, el joven Príncipe tenía según las crónicas, dos amigos íntimos: Álvaro Fuster y Javier López Madrid.

El 5 de febrero pasado, en Cuartopoder, Alfonso Pérez Medina publicaba el reportaje: “Villar Mir, el constructor favorito del PP en Madrid”  en el que, si se superponían todos los casos de corrupción que afectan al PP, en Madrid, siempre aparecían el nombre de un constructor, Villar Mir, y el de su yerno, López Madrid, imputados por integrar presuntamente una trama criminal dedicada a repartir comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. “De las empresas que aparecían como donantes del PP en los papeles de Bárcenas, OHL fundada por Villar Mir, fue la más beneficiada entre los años 2002 y 2009. Él y su yerno fueron destacados representantes de la jet-set empresarial de la capital que supieron granjearse sin distingos el favor de Ignacio González y de Francisco Granados, las manos derecha e izquierda de Esperanza Aguirre, sin dejar por ello de aparecer en el listado top de suministradores de donaciones opacas al PP nacional que acababan en la caja B que dirigía Álvaro Lapuerta y administraba, de su puño y letra, el exgerente Luis Bárcenas. Juan Miguel Villar Mir –fundador de la constructora OHL hasta que renunció a la presidencia el 21 de junio de 2016– y su yerno, Javier López Madrid –consejero de la compañía hasta el pasado 9 de mayo, compañero de viaje del rey Felipe VI en Davos durante la última reunión del Foro Económico Mundial y compiyogui de la reina Letizia en sus ratos de asueto–, tienen desde la semana pasada otra cosa en común con González y Granados: todos están imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón por integrar presuntamente una organización criminal que se habría dedicado al reparto de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos… La imputación de Villar Mir y López Madrid en el caso Púnica responde a la estrategia de colaboración que desde hace meses viene poniendo en práctica el arrepentido David Marjaliza, que, a mediados de enero, depositó en la Audiencia Nacional una serie de facturas que demostrarían el reparto de 3,6 millones de euros que se habrían llevado, a partes iguales, él, el yernísimo y el propio Francisco Granados. Las mordidas responderían supuestamente al amaño en el año 2004, cuando el político de Valdemoro era consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno madrileño que llevó a cabo la ampliación del Metro más ambiciosa de toda su historia, de las adjudicaciones para construir el Metro Ligero a Boadilla del Monte, el tramo B-1 del Metro Norte y la conexión entre el Metro Sur y la línea 10. La simbiosis de López Madrid con la trama Púnica era tal que el informático de la red, Alejandro de Pedro, le llegó a recomendar que destruyera su móvil cuando la dermatóloga Elisa Pinto se querelló contra él por acoso, lo que motivó la apertura de un procedimiento que se archivó y volvió a abrirse en mayo pasado”.

El juez cita de nuevo a Villar Mir a declarar el 21 de marzo por el caso Lezo.

Alfonso Pérez Medina recuerda en su reportaje que los nombres del suegro y del yerno, siempre asociados al de Jesús Trabada, exconsejero delegado de la empresa pública Mintra, son repetidos en el sumario del caso Lezo, en el que todos están imputados por el supuesto pago, en 2007, de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González por la adjudicación de la construcción del tren a Navalcarnero. Un tren que nunca llegó a ejecutarse y por el que OHL reclama 370 millones a la Comunidad de Madrid. “En la agenda de López Madrid, que fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros en abril pasado, se encontró una anotación manuscrita que decía ‘Jesús Trabada, Mintra, Nacho’. El pago se habría hecho desde la filial mexicana de OHL hasta una cuenta en Suiza de la que era titular el empresario Adrián de la Joya, que aseguró en su declaración ante el juez que se negó a pagar a políticos y se quedó el dinero por otros trabajos de intermediación que le debía la constructora. En una de las escuchas del caso Lezo, Ignacio González confiaba al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, que López Madrid le contó cómo su suegro daba dinero al extesorero Lapuerta. La defensa del exdirectivo de OHL niega esa afirmación y asegura que el expresidente madrileño realizó esa imputación, sabedor de que, en su despacho, la UCO había colocado un micrófono de ambiente. En todo caso, Villar Mir también aparece en la tercera pata de la corrupción del PP en Madrid, al ser uno de los donantes que anotó Bárcenas en los cuadrantes con los que controlaba la contabilidad B de la formación. Según sus papeles, el empresario, que también está imputado en este procedimiento, aportó a las arcas del PP nacional un total de 530.000 euros, en los años 2004, 2006 y 2008. Como pago a los favores que todos se debían, González, según los pinchazos del caso Lezo, colocó a López Madrid como consejero en Caja Madrid, entidad que le suministró una tarjeta black opaca a la Hacienda pública en la que el compañero de yoga de la reina Letizia cargó 35.988 euros. Por ese puesto en el Consejo de Administración de la entidad financiera, el directivo ya tiene una condena de seis meses de cárcel que será revisada en breve por el Tribunal Supremo, y se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel en el juicio por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. En diciembre pasado, cuando el fiscal del caso de la caja B, Antonio Romeral, le preguntó por ese supuesto enchufe, López Madrid aportó una respuesta que más bien parecía un lamento: “Maldita la hora que entré, sólo perdimos 21 millones de euros y llevo dos juicios, está fenomenal (…) Si el señor González tuvo algo que ver en eso, no lo sé, pero ojalá no me hubieran invitado por los empresarios y ojalá yo hubiera dicho que no”.

 El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir (d) a su llegada a la Audiencia Nacional.

El 3 de febrero de 2011 el entonces Rey de España, Juan Carlos I, nombraba marqués al constructor Juan Miguel Villar Mir, tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado, que resalta como mérito principal para obtener el título nobiliario su “dilatada trayectoria, al servicio de España y de la Corona”, algo que merecía ser reconocido de “manera especial”. De esta forma, Juan Carlos I, demuestra a Villar Mir, principal propietario de Obrascon Huarte Laín (OHL), su “Real aprecio”, otorgándole “el título de Marqués de Villar Mir, para sí y sus sucesores, de acuerdo con la legislación nobiliaria española”, según especifica el documento. Dos años después, en enero de 2013, la publicación de los denominados “papeles de Bárcenas” se convertía en el preludio del particular “descenso a los infiernos” del amigo del rey, que ha acababa imputado en los tres procedimientos de corrupción del PP: “papeles de Bárcenas”, “Lezo” y “Púnica”. Tras publicar el diario El País la contabilidad B de Luis Bárcenas, Pablo Ruz, entonces instructor en la Audiencia Nacional del “caso Gürtel', cita a declarar como imputado a Villar Mir y a otros empresarios, cuyos nombres aparecen como presuntos donantes de la Caja B del PP nacional. Este documento sostiene que el marqués aportó 100.000 euros el 19 de octubre de 2004 al extesorero del PP. El juez Ruz no logró recabar las suficientes pruebas de este abono y se vio obligado a archivar la acusación contra Villar Mir. Sin embargo, la declaración de Francisco Correa durante el juicio de la primera época de “Gürtel” permitió al nuevo instructor, José de la Mata, a volver a imputar a Villar Mir en la pieza separada de los “papeles de Bárcenas”, por el que fue procesado el extesorero del PP. Y fue Luis Bárcenas, en su declaración, en 2013, durante la instrucción de “Gürtel” quién adentró a Villar Mir, todavía más, en el fango de la presunta corrupción, al asegurar que el dueño de OHL quería donar 300.000 euros al partido poco antes de las elecciones de 2011, antes de la celebración de las elecciones y tenía “mucho interés en que la cúpula del partido” y en concreto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “lo supiera”. Cuatro años más tarde, en mayo de 2017, el juez Eloy Velasco, el que inició la investigación de la trama dirigida presuntamente por Ignacio González denominada 'Lezo', imputó a Villar Mir como presunto autor de los delitos de malversación, inducción a la prevaricación, cohecho y fraude en la contratación. Y, en febrero de 2018, Villar Mir volvía a comparecer ante la justicia, en esta ocasión por la presunta “adjudicación concertada de contratos desde la Comunidad de Madrid” a sus empresas y por varias anotaciones en una agenda intervenida al exconsejero madrileño Francisco Granados, el cabecilla de la 'Púnica', en las que se refleja que OHL donó 1,4 millones de euros dinero al PP madrileño. El magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, también citó el martes como investigados al yerno de Villar Mir y a Jesús Trabada, ex consejero delegado de la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), que adjudicó las obras del metro, y también imputado en “Lezo”. En su declaración’, Villar Mir, consideró “casi ofensiva” la pregunta de la fiscal sobre si López Madrid era la persona que se encargaba del pago de comisiones por contratos públicos y defendió la legalidad de su actuación: “Jamás, lo juro solemnemente, he pagado una comisión por una adjudicación a ningún ente, ni público ni privado”.

      La contradicción entre las pruebas aportadas por Marjaliza y las de López Madrid abocaron a que el caso llegase a juicio. 

En su declaración del martes, 6 de febrero, Villar Mir se desvinculó totalmente de estos donativos, así como de las presuntas comisiones que se pagaron a cambio de adjudicaciones públicas. Defendió la “transparencia” de toda la trayectoria de su constructora OHL al tiempo que negó el pago de mordidas. Y, en un comunicado enviado con motivo de las irregularidades, afirmó que OHL “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y, desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción”. Destacó que no le constaba que se hubiera dirigido “acusación formal” contra ningún empleado, directivo o consejero actual del grupo, ni tampoco contra ninguna empresa integrante del mismo. Por su parte, el yerno de Villar Mir presentó documentación para justificar que los pagos del constructor se debían a verdaderos trabajos de asesoría e inversión. La contradicción entre las pruebas aportadas por Marjaliza y las de López Madrid abocaron a que el caso llegase a juicio. Para justificar los pagos que recibió de Marjaliza, el amigo del rey Felipe VI intentó defender que él asesoró al constructor de Valdemoro en unas obras de metro en su propio feudo y en Parla, otra localidad del sur de la comunidad autónoma. López Madrid replicó presentando al juez otra documentación que, según él, demostraba que los pagos de Marjaliza corresponden a trabajos que él realizó para el constructor en materia de asesoría e inversión, tanto los citados como en Alemania. Fuentes del caso aseguraron que la contradicción entre unas pruebas y otras se terminará resolviendo en la fase de juicio oral, lo que complica aún más el futuro judicial del yerno de Villar Mir. López Madrid está acusado de financiar de forma irregular al PP de Madrid en Púnica y Lezo. Este mismo año, se sentará en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia y sigue imputado por acoso a la doctora Pinto. El juez recuerda en su auto que la investigación de Púnica ha destapado que el Grupo Villar Mir ha resultado adjudicatario de varios contratos licitados por Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid. Añade en este punto que se ha identificado a OHL como “presunto donante del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en las menciones de la agenda intervenida al investigado Francisco Granados, hechos que se investigan en la línea de financiación irregular de dicha fuerza política”.

       El juez Manuel García Castellón.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el caso “Lezo” sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, volvió a citar a declarar como investigados el próximo 21 de marzo al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el empresario Javier López Madrid, por presuntas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero. Ambos declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por estos hechos el pasado mes de septiembre. Villar Mir negó ante el magistrado haber tenido participación alguna en el presunto pago de la mordida al cabecilla de la trama para este proyecto fallido que pretendía unir los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. En relación con López Madrid, el magistrado que comenzó investigando la causa, Eloy Velasco, expuso que éste le dio al exmandatario regional “unos detalles muy concretos” sobre el pago de la comisión que se efectuó desde México a una cuenta en Suiza, según consta en el auto en el que decretó su ingreso en prisión provisional. El empresario quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros. De acuerdo con el auto del pasado mes de abril, el cuaderno de López Madrid recogía fechas próximas a la adjudicación del contrato y anotaciones de que había que darle los detalles del operativo al entonces consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada, encargado de firmarlo. El expresidente de la comunidad de Madrid, Ángel  González, contó al exministro Eduardo Zaplana que López Madrid le dijo que había efectuado el pago de la comisión, de acuerdo con el auto del magistrado Velasco, ahora en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El empresario, por su parte, le acusó de incriminarle adrede a sabiendas de que sus llamadas estaban siendo registradas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación judicial vigente.

Agentes de UCO trabajando en la “Operación Lezo”.

Según cuenta David Fernández, en ElConfidencial.com, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha tomado las huellas dactilares a cuatro directivos de la constructora OHL, entre ellos las de su expresidente Juan Miguel Villar Mir. Los agentes buscan “la comprobación de la data, veracidad y trazabilidad de un determinado documento” que puede ser clave en la investigación de una de las piezas del caso Lezo: ¿quién ordenó el pago de la comisión de 1,4 millones que, presuntamente, pudo recibir el expresidente regional, Ignacio González, después de que la Comunidad de Madrid adjudicara la construcción y concesión del tren de Móstoles a Navalcarnero a OH?  La UCO ya sabe el nombre de las dos filiales mexicanas de OHL que enviaron las dos transferencias que recibió la empresa panameña Lauryn Group Inc en la cuenta que tenía abierta en el banco suizo, el nombre de los trabajadores de OHL que ejecutaron esos pagos, el nombre de los directivos intermedios que ordenaron a esos trabajadores esos pagos, y los trabajos (al parecer falsos) que supuestamente hizo Lauryn para OHL que sirvieron para enmascarar esos pagos. Falta un dato clave: ¿quién fue el alto cargo de OHL que ordenó transferir los 2,5 millones? En esta pieza ya están imputados Juan Miguel Villar Mir; su yerno, el empresario Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya (titular de la cuenta suiza de Lauryn); Tomás García Madrid, ex consejero delegado de OHL; Rafael Martín de Nicolás, exconsejero de OHL y director general de construcción área España, y Felicísimo Ramos, sin cargo concreto dentro de la compañía. También lo está Ignacio González, el supuesto destinatario del dinero. Él siempre lo ha negado y Adrián de la Joya declaró que se quedó con el dinero cuando López Madrid le dijo que era para pagar sobornos a cargos públicos, concretamente a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y estrecho colaborador de González. La UCO ha podido trazar el rastro del dinero, pero no ha podido llegar al origen de la cadena de mando. 

López Madrid se llevó donaciones que hizo su suegro al PP desde OHL.

El 22 de noviembre de 2007, las filiales mexicanas Constructora de Proyectos Viales (CPVM) y OHL Sucursal México giraron sendas transferencias a una cuenta del banco suizo Anglo Irish Bank cuyo titular era Lauryn Group INC. Transferencias soportadas por facturas de trabajos presuntamente realizados por Lauryn. Las transferencias las hizo Adolfo Soto, uno de los directivos de OHL en México. Este declaró como testigo y señaló que firmó la orden de transferir los fondos tras recibir la indicación de Felicísimo Ramos, que la UCO sitúa como ex director de control de gestión de OHL. Soto también explicó que no obtuvo respuesta cuando trató de “recabar justificación que soportase esos pagos”. Felicísimo Ramos, investigado por cohecho y blanqueo, declaró ante la Guardia Civil que él no tenía autonomía para ordenar transferencias y que, cuando lo hizo, se estaba limitando a seguir las instrucciones que recibía de superiores. Esas órdenes partieron de Tomás García Madrid. Ramos aportó dos documentos, un correo electrónico que le envió García Madrid con datos sobre Lauryn y un papel que contenía el número IBAN de la cuenta donde había que transferir el dinero, el documento donde han aparecido huellas y los investigadores quieren cotejar con Villar Mir. Ramos, lamentablemente, no recordaba quién le entregó este último papel. Los directivos de OHL se acusan veladamente entre sí.  El juez instructor del caso ordenó la semana pasada un careo en la Audiencia Nacional entre Felicísimo Ramos y Tomás García Madrid. También ha vuelto a citar como imputados a Villar Mir y a su yerno López Madrid el próximo 21 de marzo.

Las fotomontajes de la semana:

  Jordi Évole: el rey Juan Carlos le colgó el teléfono.










  “Tras el atentado de Florida, dicen los medios norteamericanos que habría que prohibir que las personas  mentalmente alteradas puedan comprar armas. De prohibir que sean presidentes de EEUU no dicen nada. (Eterno primavera).




El humor en la prensa de esta semana pasada: El Roto, Forges, Peridis, Manel F, Pat, Ferrán, Vergara, El Jueves, J. R. Mora…






















Pep Roig, desde Mallorca: El imperio contraataca, Don “Tancredo” imperial, Reciprocidad, Aquellos tiempos, nuestro tiempo, Las máquinas no se quejan, Transitoriedad…







Los videos de esta semana:
Las obras del tren Móstoles-Navalcarnero llevan paralizadas desde 2010. Telemadrid 16/05/2016

Vídeo publicado por el Ayuntamiento de Navalcarnero denunciando en sus redes sociales (Facebook) el grave problema del transporte en Navalcarnero.
Sobre el grave problema del transporte en Navalcarnero

Hernando está afiliado en Almería.... Y con eso basta y sobra para un monólogo estupendo.
LATE MOTIV - Monólogo de Andreu Buenafuente. Afiliado por Almería| #LateMotiv37

Las reuniones entre los diversos grupos del Parlament no consiguen desencallar la investidura del propio President de la Generalitat. Por estos motivos probaron un nuevo  sistema de diálogo para intentar reservar fuerzas.
Polònia | 467 | 15/02/2018

The Gramophone Allstars Big Band - The Soul Drummers (live)

After You've Gone - Jazz Lag GYPSY JAZZ - HOT CLUB DU NAX - Joseph Joseph

sábado, 17 de febrero de 2018

“Inhabilitar una revolución”


Ramón Cotarelo, politólogo y escritor, nos lo explica claramente en este corto pero clarividente artículo: “Lo dijimos hace un puñado de posts (‘La deconstrucción de la rebelión’) que, ante la creciente presión para que encontrara una salida civilizada al desbarajuste que ha creado, Rajoy se lavaría las manos invocando la división de poderes y que el asunto había salido de su jurisdicción política para entrar en la judicial. Es falso, por supuesto, ya que la ofensiva judicial fue instada por el ministerio fiscal, acicateado por el gobierno.

“Pero eso da igual. Supongamos que, cansados los jueces de que el gobierno los use como parapetos, según dice Público, los del Supremo hayan decidido actuar por su cuenta en un asunto eminentemente político. Y se conviertan en un incordio para el gobierno porque lo sustituyan. La falta de división de poderes ya es un desastre, pero la supeditación del gobierno al judicial es una catástrofe. ¿O alguien cree que se va a parar el procés inhabilitando a su cúpula? Tomen nota de lo sucedido con Ómnium y la ANC, que siguen actuando con sus dirigentes encarcelados. La única forma de completar la faena de la inhabilitación es la prohibición de las asociaciones independentistas. Y a ello parecen apuntar las últimas pesquisas policiales en sus sedes, así como los apuntes contables que maneja el juez Llarena.

“No se puede inhabilitar un proceso social que es, además, pacífico, cívico, democrático y revolucionario. Detrás de unas ‘cúpulas’ inhabilitadas vendrán otras. Hay que inhabilitar un movimiento apoyado en más de dos millones de votos. O sea, hay que prohibir el independentismo, sus asociaciones, organizaciones, partidos. Hay que convertir el independentismo en un delito.

“Y eso, ¿cómo se hace en un Estado de derecho? ¿Y cómo se explica? No a la dudosa luz de los sentimientos heridos, las emociones, el despecho, la ira, sino a la más clara de la razón, la justicia, la equidad. ¿Cómo se explica que en España haya presos políticos, “delitos” de opinión? ¿O no hace falta explicarlo porque el 155 lo explica todo?”